Condenado un protésico dental por ejercer como dentista en la Línea de la Concepción

Según informa en nota de prensa el Consejo General de de Colegios de Dentistas de España, el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Algeciras (Cádiz) ha condenado a un protésico dental por un delito de intrusismo profesional a la pena de ocho meses de multa a ocho euros diarios, y al pago de las costas y 1.250 € en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados a dos pacientes. Según los hechos probados, el protésico dental ejerció como dentista durante cinco años a pesar de no tener la titulación necesaria.

El acusado recibía a los pacientes en el domicilio que su padre tenía en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción donde tomaba las medidas de la boca para posteriormente colocar los implantes sin ningún tipo de prescripción médica. De esta forma, y según señala el Juez en la Sentencia, el protésico dental ponía en riesgo la salud de todas aquellas personas que acudían a la consulta al no tener la formación necesaria para trabajar como odontólogo.

Desde el Consejo General de Dentistas se insiste en que, a tenor de los daños que se pueden llegar a provocar en la salud de la población, las penas por intrusismo profesional siguen siendo muy leves e insuficientes por lo que carecen del fin disuasorio que deberían tener.

Asimismo, considera urgente realizar una profunda modificación de la legislación vigente mediante la cual se endurezcan las penas y se proteja mejor a la ciudadanía frente a los numerosos delitos de intrusismo profesional que se producen dentro del ámbito de la Odontología, especialmente por una parte de los protésicos e higienistas dentales.

De este modo, se conseguiría una mejor salvaguardia de la salud y seguridad de la población, se garantizaría una asistencia sanitaria odontológica adecuada y de calidad, y permitiría luchar de forma eficiente, ejemplar y decisiva contra aquellas personas que ejercen la Odontología sin tener la formación, las competencias y las capacidades legales necesarias.

En este sentido, el Consejo General demanda también una mayor colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Organización Colegial con el fin de perseguir y
erradicar este tipo de delitos.